ANTEPROYECTO REFORMAS A LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA CONTADURÍA

Autor: Mario Ernesto Castillo Guzmán

Ayer circuló en las redes sociales un mensaje que contenía un archivo del anteproyecto de reformas a la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría (en adelante LREC), cuya procedencia o autoría se desconoce.

Al leer este documento hay algunas ideas rescatables y otras que no comparto, sin embargo, lo considero como un buen ejercicio del derecho de libertad de expresión, ya que es evidente que hay un grupo de contadores públicos que no confían en las decisiones que toman la mayoría de los directivos de las gremiales de la contaduría pública que existen en nuestro país.

¿Por qué se ha llegado a no confiar en las gremiales? Porque la mayoría de ellas se han olvidado que el principal objetivo de su creación es la defensa de los intereses de sus miembros, afiliados, socios o como se les quiera llamar.

¿Cómo es esto que no defienden los intereses de sus miembros? El más claro ejemplo que se puede mencionar es la poca sensibilidad que algunas gremiales han tenido con sus afiliados por los efectos post COVID19 en el sentido de no haber bajado los precios de sus capacitaciones; asimismo se han quedado calladas en algunos casos donde instituciones del Estado toman decisiones que afectan al gremio en general, dando la impresión que la mayoría de los directivos están desconectados con el pensar de sus Miembros.

Una de las reformas que contiene este anteproyecto y que a nivel profesional apoyo, es la prohibición de que el presidente de una gremial sea director del Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria (en adelante Consejo), ya que esto lleva inmerso un conflicto de intereses cuando se presenta una situación donde el director tenga que decidir cómo actuar, es decir si defender los intereses de su gremial o los del Consejo. Más de alguna persona puede decir que esto se ha dado en el pasado y ahí nadie decía nada, pero eso no es una justificación o argumento sólido para eliminar el posible conflicto de intereses.

Algo que es preciso aclarar es que el Consejo no es un ente creado para defender los intereses de los contadores públicos, sino que es una entidad del Estado creada para controlarlos desde su registro como auditor o contador, así como en el ejercicio de la profesión.

¿Es necesario que exista un ente regulador de la contaduría pública? Considero que si, ya que hay colegas que desarrollan sus trabajos sin tomar en cuenta las principales disposiciones técnicas, por lo que andan regalando su trabajo cobrando unos honorarios tan bajos pero tan bajos que uno no alcanza a comprender como los fijan y cubren sus costos de operación. Cumplir con todas las disposiciones técnicas que establecen las NIA en nuestro país es irreal si queremos ser objetivos, sin embargo se pueden hacer esfuerzos para cumplir con la mayoría de ellas y dar un servicio con calidad técnica aceptable.

Ayer mismo los directores del Consejo emitieron un Comunicado en donde se desmarcan de ese anteproyecto, llamándome la atención el romano IV que literalmente dice "NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROCEDER LEGALMENTE CONTRA QUIENES UTILIZAN IRRESPONSABLEMENTE Y SIN FACULTADES LEGALES EL NOMBRE DEL CONSEJO EN DOCUMENTOS OFICIALES."

¿Tiene esta facultad el Consejo? El archivo que circuló llevaba la denominación del Consejo lo cual si puede generar confusión en el lector, sin embargo no considero que haya sido con dolo sino mas bien desconocimiento, ya que el objetivo que buscaban era dar a conocer una propuesta que ha sido elaborada en forma independiente a las gremiales y al Consejo. No creo que en el Código Penal haya un delito que pueda encajar en este error de parte de este grupo de contadores públicos que divulgaron este archivo.

Por otra parte, elaborar un anteproyecto de una reforma a cualquier ley lo puede hacer cualquier ciudadano, por ser parte del derecho de expresión que la Constitución de la República garantiza en su "Art. 6.- Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público.."

Soy de la opinión que incluir en el encabezado el nombre del Consejo en el archivo que circuló fue un error; asimismo los directores del Consejo no vieron con buenos ojos invitar a ese grupo de personas para que les presenten oficialmente su anteproyecto, cosa que también lo considero un error.

Algo que no se puede negar es que hay un desencanto de un sector de profesionales de la contaduría pública con algunas decisiones del Consejo que les afectan y con la pasividad de la mayoría de los directivos de las gremiales ante ello; este descontento se fortalece porque anda circulando en las redes sociales un supuesto acuerdo del Consejo donde los directores se autorizaron una dieta superior al monto que establece en Art. 33 de la LREC, bajo el argumento de la pandemia que estamos viviendo.

Las actuales reformas a la LREC datan del año 2017 las cuales se dieron con un distanciamiento entre las gremiales con el Consejo, habiendo llegado al extremo de que tres presidentes de gremiales pidieron por escrito al presidente Sánchez Cerén que las devolviera con observaciones, cosa que se logró, pero no se tuvo incidencia en la redacción final ya que a las gremiales les faltó la astucia política para pedir por escrito a la Asamblea Legislativa que fueran escuchadas antes de aprobarlas.

No debe extrañar que ande circulando una propuesta independiente a las gremiales, ya que en febrero de 2020 el presidente del Consejo en un evento organizado por la Corporación de Contadores de El Salvador dio a conocer que les pedirían a las gremiales propuestas de reformas, lo cual no tengo conocimiento si se envió o no, ya que en las gremiales a las que estoy afiliado ninguna informó que lo haya hecho, y esto tendría como justificante la pandemia del COVID19.

Los intereses del Consejo son diferentes a los de las gremiales, eso es evidente porque ellos son el órgano regulador de la profesión de la contaduría pública, pero como sus directores deben ser contadores públicos según la LREC se tiene la percepción que deberían velar por los intereses del gremio, lo cual no es su función según esta ley y eso es lo que genera condiciones de descontento entre algunos profesionales de la contaduría pública.

Quienes si deben velar por los intereses de los contadores públicos son las gremiales, ya que estas si pueden interceder ante el Consejo para acordar unas reformas que sean equitativas de acuerdo a la realidad de la profesión, sin embargo, se ha deteriorado esa confianza porque da la impresión que se han enfocado más a obtener ingresos vía capacitaciones que a representar los intereses de sus socios, miembros o afiliados.

Para que haya el mayor consenso en las posibles segundas reformas a la LREC es necesario que las gremiales organicen eventos para discutir sus propuestas, para que sus miembros, socios o afiliados conozcan su enfoque y quizás no sería mala idea hacer un solo documento (entre todas las gremiales) y presentarlo tanto al Consejo como a los diputados de la Asamblea Legislativa. Estas reformas tienen que caracterizarse por unir al gremio y no crear los efectos contrarios.

PD: El 12.11.2020 circuló nuevamente en las redes sociales este mismo archivo con la diferencia que eliminaron el nombre del Consejo, con lo cual subsanaron el error cometido.