La semana anterior la Sala de lo Constitucional emitió tres resoluciones que han causado revuelo en el sector político y e incertidumbres entre la población, ya que hay tantas versiones de ex magistrados, analistas políticos, abogados y un sin fin de personajes que de la noche a la mañana son expertos en estos temas.
La primera resolución se refiere a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía emitida en 1993, la cual derogó la Ley de Reconciliación de 1992; con esta declaratoria lo que se hace es en términos sencillos darle vida a la Ley de Reconciliación, en la cual los delitos de lesa humanidad no quedaban amnistiados.
El efecto de esta resolución puede afectar a varios funcionarios del partido FMLN y también al altos funcionarios de la Fuerza Armada; quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto de la guerra.
Hoy algunos dirigentes del partido FMLN se quejan de esta resolución, porque se pueden ver afectados, pero en el pasado era su caballito de batalla bajo el caso de Monseñor Romero.
Soy de la opinión que debe hacerse justicia en estos crímenes, independientemente quien los haya cometido, las victimas se merecen un aporte de justicia.
La segunda resolución tiene que ver con la declaratoria de inconstitucionalidad de un Decreto Legislativo emitido en la legislatura anterior, por medio del cual se autorizó un préstamo de 900 millones en la última plenaria, mediante el voto de un diputado suplente.
La Sala ademas de declarar inconstitucional ese decreto legislativo, deja sin ninguna labor legislativa a los diputados suplentes a quienes le prohíbe firmar ningún decreto, basándose en que no fueron elegidos por el pueblo, ni los actuales diputados suplentes ni los de la legislatura anterior.
En esta ocasión le doy la razón a la Sala, porque los diputados suplentes nadie los ha elegido, considerándolos como un gasto innecesario que el pueblo paga con sus impuestos.
Han salido a la luz pública casos de diputados suplentes de los partidos mayoritarios que tienen tres fuentes de ingreso del mismo Estado: salarios, dietas y honorarios profesionales. Al sumar esos tres ingresos, estos diputados tienen un ingreso nada despreciable, que sin duda alguna en la empresa privada no lo obtendrían.
La tercera resolución tiene que ver con la aceptación de la medida cautelar incorporada en una demanda de inconstitucionalidad por el incremento del 13% o $ 0.01 en el precio de kilovatio hora que pretendía implementar la CEL a partir del 15 de julio de 2016.
Al aprobarse la medida cautelar, lo que sucede es que mientras se estudia esta demanda de inconstitucionalidad, CEL no puede cobrar ese 13% o $ 0.01 en el kilovatio hora, con lo cual se para cualquier alza en los precios de bienes y servicios por parte del empresariado salvadoreño.
Estas resoluciones arrinconan más al Ejecutivo, y lo obligarán a discutir un pacto fiscal, que sin duda afectara a los subsidios que actualmente existen.
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